Cuando llueve, "escampa" en la gestión política del agua en España, es decir, los responsables de resolver los graves problemas de la escasez y de la irregular distribución en nuestro país de este recurso imprescindible para la vida, se olvidan de sus responsabilidades. Solo parecen recordar las dificultades, cuando las sequías prolongadas agotan los recursos almacenados en embalses y acuíferos, los ciudadanos se ven sometidos a restricciones y los agricultores ven agostarse sus cosechas con las consiguientes pérdidas económicas. ¡Ya pagará el seguro!, parecen pensar los gestores responsables.
Con mucha frecuencia, escuchamos que no se debe legislar en caliente ni tomar medidas precipitadas. Pero lo cierto es que nunca parece el momento adecuado para abordar este problema capital para los ciudadanos y la economía española, ni para cumplir los plazos, las directrices marcados por la Unión Europea, y el calendario establecido en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CEE). Incluso, cuando se había conseguido un acuerdo de mínimos que permitió aprobar un Plan Hidrológico Nacional, el ocurrente, nefasto, y ahora oculto presidente José Luis Rodríguez Zapatero, decidió abolirlo nada más llegar al poder. Ya se habían ejecutado enormes inversiones por parte del Estado, es decir, con los impuestos de todos los españoles y de bastantes europeos.
Como en tantos otros temas de la política y de la economía española, Unión Progreso y Democracia, consigue que no se olvide el problema y debatirá la próxima semana en el Congreso de los diputados una proposición no de ley instando al Gobierno a que proceda “a adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelvan a generarse las, por desgracia, recurrentes “batallas” por el agua entre las diversas Comunidades Autónomas, a fin de superarse las gravísimas disfuncionalidades que el actual marco de competencias sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos presenta, para lo cual resulta necesario que sea el Gobierno el que asuma con exclusividad dichas competencias, pues es el Estado el único capaz de velar por el interés general, la solidaridad y la imprescindible y necesaria igualdad entre todos los españoles en un recurso esencial tan necesario como el agua”.
Nuestro País comparte, en líneas generales, dos tipos de clima: mediterráneo y atlántico. El primero se caracteriza por escasas precipitaciones, normalmente concentradas en primavera y otoño. El clima atlántico, es de tipo templado húmedo con precipitaciones más abundantes y sobre todo repartidas de forma más regular durante todo el año. Pero el mapa de influencia de cada uno de estos tipos climáticos demuestra el enorme desequilibrio que aqueja a la Península ibérica en el reparto de los recursos hídricos. La influencia del clima atlántico apenas cubre parte de Portugal, de Galicia, la cornisa Cantábrica y el Pirineo, hasta la provincia de Gerona. Por el sur, aunque con algunas diferencias, el clima atlántico domina en una estrecha franja que se adentra hasta la provincia de Almería, aunque en esta provincia la mayoría de su territorio padece un clima hiperárido.
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| Mapa de la AEMET que ilustra las diferencias en la distribución de las precipitaciones en la península Ibérica |
La conclusión es elemental y lógica: la Península Ibérica y por tanto también Portugal, necesita con urgencia un plan hidrológico integral que ponga remedio al enorme desequilibrio en la distribución de sus recursos hídricos y que module las diferencias entre las distintas cuencas fluviales y aguas subterráneas. Pero además, el modelo tradicional español de unidad de Cuenca que estuvo vigente desde principios del siglo XX y que fue adoptado por la Unión Europea como ejemplo de gestión, ha sido destruido por el egoísmo y la insolidaridad de las CCAA, hasta el punto de que en una misma cuenca hidrográfica o hidrogeológica, tienen asignadas competencias varias admiraciones estales y/o autonómias. Por ello, como afirma Manuel López Ogayar en un reciente y esclarecedor artículo sobre este tema “las cuencas hidrográficas son transversales en su inmensa mayoría. Las que son intracomunitarias no dejan de estar relacionadas con las demás mediante acuíferos subterráneos o trasvases, pero ni se ajustan, ni entienden de fronteras administrativas. Es esencial plantear la elaboración de una nueva Ley de Aguas de España, que recupere la unidad para esta política y una legislación y normativa que defina una organización uniforme y común de la Administración del Agua para cada demarcación hidrográfica. El cambio propuesto, sería un ejemplo de comunicación, de solidaridad y de vertebración del territorio español.
