El electrón y la política

Al inconmensurable ejercicio de cinismo político al que estamos asistiendo desde hace varios meses en relación con el sector eléctrico español, se han unido ayer las declaraciones de Felipe González. Es el Presidente de Gobierno y miembro del Partido político que más tiempo ha permanecido en el poder (algo más de 21 años en el Gobierno de España, hasta 35 años en la CA de Andalucía, 21 en la de Castilla-La Mancha o 32 años en Extremadura) y, por tanto, culpable de la mayoría de la legislación de todo tipo que padece nuestro País. Ha declarado que abandona el puesto de Consejero de Gas Natural Fenosa que le habían regalado, "no porque haya incompatibilidades, sino porque es muy aburrido". En el colmo del impudor político ha ironizado diciendo que le "interesaba conocer el tema de la energía, me hubiera ido mejor asesorando a empresas con domicilio fiscal en las islas Caimán". ¿Supone tal afirmación que conoce bien cómo funcionan las empresas que operan en este pequeño archipiélago?. Solo es posible entender que estas declaraciones de uno de los líderes socialistas que mayor influencia han tenido en nuestra Nación no levanten un clamor de reproches, si se comprende que vivimos un contexto social de indignidad en que parece que casi todo vale. Él mismo, se permite el lujo de afirmar que “El país está en una crisis como la de los días más dramáticos de la Argentina de 2001…” Sobra preguntar si se considera culpable de esta situación o si la larga trayectoria en el ejercicio del poder del PSOE, ha tenido algo que ver. Con toda seguridad, la autoestima de este ciudadano que se permitió el lujo de insinuar que había sido la “X” de uno de los episodios más vergonzosos de Terrorismo de Estado vividos en un país europeo sin que nadie pidiera responsabilidad alguna, dictaría una contestación que, al menos yo, no deseo oír. En algo estoy de acuerdo con él, llevo muchos años asistiendo, con gran pesar, al proceso de argentinización política que sufre España.

Pero volviendo al sector eléctrico…, fue precisamente Felipe González quién inició el camino del caos energético que padecemos al ceder a la presión de ETA, decretar la moratoria nuclear y el desmantelamiento de la Central Nuclear casi terminada de Lemoniz cuyas consecuencias económicas pagamos todavía, y marcar la senda posterior de gasificación y carbonización subvencionada, por la que ha discurrido este importantísimo factor de la economía española durante décadas. Han sido peor aún los sucesivos gobiernos. El primero, de José María Aznar, impuso la tarifa regulada con el débil argumento de coadyuvar al fortalecimiento de la industria y de la economía, en un momento que se consideró esencial para la entrada de España en la eurozona. Fue Rodrigo Rato, por entonces Vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, el que sentó las bases legales del sistema actual mediante la Ley 54/1997, de 28 de noviembre de 1997. Posteriormente, con el Real Decreto 1432/2002 estableció la “tarifa máxima regulada objetivamente” que consolidó para muchos años el que se ha dado en llamar déficit de tarifa. En estos momentos, el legalmente reconocido por el Estado debe estar próximo a los 30.000 millones de €. Esta cantidad es la que los consumidores de energía eléctrica debemos pagar por la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y distribuirla según  mercado, y lo que hemos pagado por ella. Se añaden además en el recibo de la luz, una parafernalia de impuestos, primas y etcéteras que suponen casi la mitad de la factura. Si alguien quiere más detalles y explicaciones puede pinchar en este enlace https://aelec.es/, (*) introducir lo que ha pagado el último mes y constatar que, en efecto, su gasto real es, la mitad de la factura. El resto son las “otras cosas” que técnicamente se llaman peajes. Por si alguien aún no está enterado y como una imagen vale más que muchas palabras, incluyo un gráfico donde se observa el desglose de este concepto que pagamos en el recibo de la luz.

Desglose de los conceptos incluidos en los Peajes de la factura eléctrica según la CNMC (tomado de  Jorge Mediavilla)

Sin embargo, en el caos actual del Sector Eléctrico han participado también sucesivos primeros actores que por orden de aparición son: José Luis Rodriguez Zapatero ¡cómo no!,  Joan Clos, primer ministro responsable del tema energético del Gobierno del susodicho, José Montilla, segundo ministro del ya mencionado que abandonó el cargo por la presidencia de la Generalitat de Cataluña (sin comentarios) y Miguel Sebastián, tercero y último. ¡Por fin!, como estrella especialmente invitada, debutó en diciembre del 2011 el actual ministro de la cosa, Manuel Soria, y su ayudante próximo en forma de Secretario de Estado. ¿Y de qué son responsables cada uno de ellos?. Veamos, nada más incorporarse al Gobierno el señor Clos declaró que seríamos los campeones de las energías renovables, lo que no dijo, es que por su política, también seriamos los líderes mundiales de algo tan desconocido y nuevo como el déficit de tarifa. Poco hay que decir de Montilla que continuó esa política y que bastante tiene con su responsabilidad por sentar las bases más sólidas nunca conocidas de la ruina de Cataluña. Luego llegó Mas, pero sin tilde.

Habrán oído ustedes hablar estos días hasta la saciedad de la subasta CESUR. Es el sistema por el que se fija la tarifa eléctrica, hasta hace poco llamada de último recurso (TUR) a la estábamos acogidos la mayoría de los pequeños consumidores españoles. Los grandes van a otro negociado. Bien, pues ese sistema es obra del señor Sebastián, aquel ministro que regalaba bombillas, compradas en China con el dinero de los impuestos de todos nosotros y que inició la ruina del sector fotovoltaico y el camino de inseguridad jurídica en la que está inmerso todo el sector eléctrico español. Hay importantes inversores extranjeros implicados en el asunto. 

Y por fin, entra en escena D. Manuel Soria, un ministro para el que incomprensiblemente, hasta el momento, casi nadie ha pedido la dimisión. Promovió un reguero de Reales Decretos Ley y un disparate en forma de Nueva Ley del Sector eléctrico, cuyos fusibles se fundieron antes de publicarse en el BOE. Nació muerta, y supone un peronismo eléctrico, como dijo Carlos Martinez Gorriarán diputado de UPyD en el debate de la Ley en el Congreso. Este ministro, al día siguiente de aprobar el Congreso de los Diputados la nueva mencionada Ley que consolidaba el sistema de subastas CESUR, anuló la última y acusó de burda manipulación a las compañías eléctricas. Creyendo que podía intimidar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puesto que la había creado por Ley del 3/2013, de 4 de junio el Gobierno del PP del que forma parte, instó a la anulación. Sin embargo, la Comisión, en el informe emitido posteriormente, desautoriza completamente al ministro y le recuerda que hace tiempo recomendó cambiar el sistema de subastas. Incluso, a finales de diciembre ha hecho pública su propia propuesta. En resumen, un completo disparate del que nadie se atreve a aventurar cuál será el desenlace final y que profundiza aún más en la inseguridad jurídica del sector energético español.

De lo escrito hasta ahora podría deducirse que las compañías eléctricas son entes angelicales sujetos a los avatares del pensamiento y de las ocurrencias del poder de turno. Nada más lejos de la realidad. Ni las que se ha dado en llamar cinco grandes agrupadas en UNESA, es decir Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-ON España y EDP, ni el resto de las que operan en el sector, son inocentes púberes. Por cierto, aunque siempre se acusa a estas cinco de todos los males puesto que dominan el mercado y están obligadas por ley a financiar el déficit de tarifa, hay que recordar son más de 200 las empresas que participan en mayor o menor medida en el sector eléctrico español. Algunas son muy conocidas como Acciona, Enara, etc, pero otras lo son, solo en su ámbito regional o local de actuación.

Pues bien, todo este entramado legislativo y empresarial, sin duda configuró un auténtico oligopolio, puesto que el número de prestadores efectivos de este servicio esencial era ciertamente muy pequeño hasta hace poco tiempo, pero también un verdadero oligopolio político. Y… ¿por qué? Pues porque aunque la legislación española prohíbe que un anterior alto cargo trabaje para una empresa privada durante los dos años siguientes al abandono de su puesto, a menos que se le autorice expresamente, la realidad es que, esta norma, no es más que un trampantojo que intenta encubrir el auténtico escándalo de la intromisión de los políticos en los consejos de administración de las empresas y desde luego también en las eléctricas. Ciertamente, hay casos muy llamativos y espectaculares como el de Felipe González en Gas Natural, José María Aznar en Endesa o Elena Salgado en la filial chilena de esta compañía. Pero la lista de ex cargos políticos o de personas muy afines a determinados Partidos que han entrado a formar parte de los núcleos de decisión de las empresas más importantes de energía desde hace décadas, es interminable. Recordemos, por ejemplo, a Martín Villa, presidente de Endesa desde 1997 hasta 2002. Le sustituyó en la presidencia Manuel Pizarro que en 2007 abandonó la compañía y se afilio al Partido Popular. La relación es interminable (Angel Acebes, Pedro Solves, Narcis Serra, Luis de Guindos, Javier Solana, entre otros muchos) y se completa con aquellos, que sin ocupar puestos de gran responsabilidad en las empresas relacionadas con la Energía, han accedido a otros cargos en agrupaciones y asociaciones empresariales o han creado asesorías y sociedades afines, de cuya actividad obtienen importantes beneficios. El sector de las energías renovables no es ajeno a esta práctica. El exdiputado del PSOE por la provincia de Guadalajara, García Breva, es un ejemplo de ello.

Naturalmente todo es absolutamente legal, nada más lejos de mi intención acusar a nadie de cometer ningún tipo de delito, ¿Pero, cuál es el beneficio para el consumidor de este tipo de prácticas? ¿Cuál es la ventaja para el ciudadano? ¿Se beneficia el sistema eléctrico de los conocimientos técnicos de estos políticos? o, por el contrario, ¿son las compañías eléctricas las que obtienen el beneficio  de las relaciones personales y de Partido que les proporcionan estos ex-cargos? Es evidente que sí. Los ciudadanos que en estos momentos están al borde de la Pobreza Energética o han caído en ella y no pueden disponer de un mínimo de calefacción en sus hogares, no han obtenido ninguna ventaja sino todo lo contrario. Y que nadie me acuse de practicar la demagogia con este tema. La misma Unión Europea se ocupó de esta alarmante situación en su Dictamen del Comité Económico y Social del 2011/C 44/09 (DOCE del 11-febrero-2011).

La conclusión es clara: hay una tautología evidente, todas las actuaciones de los sucesivos Gobiernos en relación con este sector capital de la economía española están mediatizadas por la simbiosis entre el electrón y la política. Las necesarias, e incluso indispensables, negociaciones técnicas entre las compañías eléctricas y los Gobiernos deben realizarse con total independencia de criterio por ambas partes y al margen de la intervención de cualquier intrusismo político en las decisiones empresariales. Mientras esto no suceda, España no podrá disponer de un verdadero e indispensable Plan Energético Nacional a medio y largo plazo que coadyuve a relanzar la economía y cree verdadera riqueza para los ciudadanos. La Unión Europea debería entrar con urgencia en este tema. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán entre el 22 y el 25 de mayo de este año, son una buena oportunidad para que los Partidos Políticos incluyan en sus programas electorales propuestas sobre este importante asunto. Suscribo las recientes declaraciones del Vicepresidente de la Comisión Europea en las que señaló que “Por desgracia, no tenemos un mercado único de la energía, ni en electricidad ni en gas, hay todavía muchas barreras y muchas regulaciones nacionales”. Yo añadiría que demasiadas y muy poca voluntad de cambiarlas y reducirlas.

(*) Unesa paso una crisis y cambio a aelec. Ya no da la información que proporcionaba sobre la factura eléctrica ¡era demasiado clara!
PD: Unas semanas después de escribir este artículo se publicó la noticia de que el consejo de administración de Enagás había acordado proponer a la junta general de accionistas el nombramiento como consejeros de las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino, así como del exdirigente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha. Suma y sigue. El diario el mundo publicó el día 23 de febrero, una relación de 43 políticos enchufados en compañías eléctricas. .