Abróchense los cinturones.

El domingo 1 de julio entró en vigor el decreto del mal llamado copago de los medicamentos, por el cuál aumentan los porcentajes que deben pagar los afiliados a la seguridad social y a la mutualidad de funcionarios, MUFACE. Digo mal llamado, porque el prefijo co-, significa unión y colaboración, significa compañía, es decir, que se trabaja en forma conjunta con otro. Pero en este caso todo los pagamos con nuestras cotizaciones e impuestos.

Portada de la Capilla de las Ánimas, Santiago de Compostela

Además, por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud español, los pensionistas están también obligados a pagar el 10% de los medicamentos. Por medio de un oscuro sistema de devolución, si las cantidades pagadas  superan los 8, 18 ó 60 euros “según renta”, recibirán dos veces al año en su cuenta corriente el dinero adelantado. De nuevo, se profundiza en las desigualdades de todos los españoles, puesto que dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia, el sistema de devolución puede ser diferente. Incluso, la Comunidad de Madrid acaba de anunciar la puesta en marcha de un sistema por el cual, los pensionistas madrileños estarán exentos de pagar el extra coste y, por tanto, sólo deberán abonar las cantidades mensuales fijadas en el Real Decreto. Pero con independencia del sistema que cada comunidad autónoma utilice en el caso de los medicamentos, lo cierto es que las subidas encadenadas de los precios de muchos productos básicos, amenazan con erosionar gravemente el poder adquisitivo de los españoles. Como este tipo de subidas son lineales, sufren más los ciudadanos con rentas más bajas y desde luego, parados y pensionistas. 

A las subidas de IVA, igual para todos, se suman aumentos muy significativos en el recibo de la luz, los carburantes y la energía en general. La nefasta política energética del PSOE y PP durante los últimos treinta años, han sumido a este sector en un caos del que será muy difícil salir sin un coste muy importante para ciudadanos y para la industria en general, incluidas la mayoría de las empresas eléctricas. La guerra interna entre los ministros Montoro y Soria, que algunos medios de comunicación atribuyen al enfrentamiento entre los intereses de las principales eléctricas dedicadas al negocio de las renovables (Acciona, Abengoa y ACS) y las cinco grandes del sector eléctrico (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON) demuestra la esclerosis del sistema cuyas consecuencias pagaremos muy caras. De momento, el déficit de tarifa (diferencia entre el coste real y el pagado por los consumidores) admitido por el Estado español supera los 24.000 millones de euros. Unión Progreso y Democracia, UPyD, desde su fundación, insiste en solicitar un Plan Energético Nacional a largo plazo que acabe definitivamente con esta situación y despeje este importante deficiencia de la economía española.

Otras subidas muy significativas parecen pasar desapercibidas. Cierto que la electricidad ha subido un 86,01% para el común de los consumidores españoles acogidos a la tarifa regulada de último recurso (TUR) desde abril del año 2004. Pero no ha sido pequeña la subida del gas que ha experimentado un aumento del 64,5% en el mismo periodo de tiempo. Además, hoy, el ministro Soria anuncia una probable sobrecarga del gas por medio del mal llamado céntimo verde que ni es verde, ni será un céntimo sino bastantes más. Probablemente supondrá una subida muy significativa para la mayoría de españoles que utilizan este combustible como producto básico en sus hogares. 

Mimetizada y escondida debajo del eterno debate sobre un Plan Hidrológico Nacional que ni PP, PSOE, ni nacionalistas de todo tipo han sido capaces de racionalizar en tres décadas, se esconde la subida del agua que en la Comunidad de Madrid supone ¡un 80,2%! también desde el año 2004. 

Hablamos de necesidades ciudadanas básicas, pero en estos momentos, mientras escribo, “salta” la noticia: El PP pone en la calle al secuestrador de Ortega Lara y asesino de ETA, al despreciable Bolinaga. Un día triste en el que me siento incapaz de continuar escribiendo sobre temas económicos. Un Estado nunca debería perder la dignidad. Es la dignidad de 47.190.494 de españoles, excluidos los asesinos, sus colaboradores y cómplices.