La Minería del Carbón en España

El problema de la minería española del carbón, que como consecuencia de las manifestaciones y huelgas de los trabajadores del sector ocupa desde hace algunas semanas muchos espacios informativos en los Medios de Comunicación, es una nueva consecuencia de la irresponsabilidad y dejadez con la que los sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP han tratado la Política Energética de nuestro País. Como en tantos otros asuntos, en este, también España es lo que ambos Partidos y sus votantes, han querido.





El tema, ni puede, ni debe abordarse de forma aislada. La producción de energía eléctrica en las centrales térmicas a la que se dedicó, casi en exclusiva, el carbón producido en España durante las últimas décadas, debe tratarse de forma holística, considerando la triada Economía, Fuentes de Producción y Medio Ambiente. Además, en el caso específico de este recurso mineral, la necesaria reconversión del sector, debería llevarse a cabo con el menor coste social posible para los aproximadamente siete mil mineros que trabajaban en las minas españolas a final del año 2009. Esta cifra incluye, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) a los trabajadores de plantilla y a los de contratas.

Sin embargo, estos condicionantes no deben ocultar la cruda realidad. Los carbones españoles son de baja calidad, tienen un contenido en azufre alto, su combustión produce muchas cenizas y una cantidad importante de gases de efecto invernadero. España, como el resto de los Países de la UE, está obligada a reducir de forma importante este tipo de gases para cumplir la llamada Directiva 20/20/20. En ella, se establece como objetivo para el año 2020, la reducción de, al menos, un 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero, un 20% de mejoras en el ahorro y eficiencia energética y lograr que las energías renovables representen el 20% del consumo energético de la de UE.

Precios comparados del carbón nacional y del importado de igual poder calorífico

(5.600 termias por tonelada). Modificado de Carbunión, 2010

Según los datos del último informe de Red Eléctrica de España, la participación del carbón en la cobertura de la demanda de energía eléctrica se redujo del 24% en 2007, al 12% en 2009. Sin embargo, su extracción ha seguido un ritmo similar. Precisamente en ese año 2009, las empresas eléctricas dejaron de adquirir carbón nacional porque el precio de electricidad generada con él no es competitivo en el mercado eléctrico. El almacenamiento de los excedentes en los parques de centrales, se elevó desde 6,2 Mt a fin de 2008, hasta 9,6 Mt a final del año 2009. En el mismo periodo de tiempo, también se incrementó el almacenamiento de carbón importado desde 2,8 Mt a 3,9 Mt. Ante esta situación, el Gobierno encomendó a HUNOSA la compra y almacenamiento de la producción de carbón nacional creando un «Almacenamiento estratégico temporal de carbón». Desde agosto hasta final de año se acumularon 1,776 Mt de carbón nacional en el citado stock. El valor total de estos acopios se cifra en 119,4 millones de euros. ¿Se utilizará alguna vez, o sólo se habrá cambiado de lugar, desde el interior de la mina hasta el lugar exterior de almacén?.

Por otro lado, la presión de la Unión Europea en contra de este tipo de fuente de energía y, sobre todo, de las subvenciones estatales, irá en aumento. La pregunta obligada es: ¿deben continuar las fuertes ayudas públicas a un sector sin apenas futuro y fuertemente contaminante? La respuesta de UPyD a esa pregunta es no. Se prima, con el dinero de todos, la extracción de un carbón cuyos precios no son competitivos y, luego, para más abundamiento, subvencionamos la producción de energía eléctrica. ¿Alguien da más?.Toda esta cantidad de dinero debería dedicarse, durante el tiempo necesario, pero no indefinido, a generar alternativas de economía productiva en las regiones afectadas por la ineludible reconversión. Pero todo ello, debe enmarcarse dentro de un Plan Energético a largo plazo que el Gobierno de Jose Luis Rodríguez nunca ha estado dispuesto a abordar. La incoherencia de la Política Energética ha tenido dos recientes capítulos que, si no fuera por la importancia del tema, producirían hilaridad. A La decisión anunciada con gran despliegue informativo, rueda de prensa incluida, de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña en contra de todos los informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear, le ha seguido la autorización de continuar la producción a los dos grupos de la central de Almaraz. Por descontado, la repercusión mediática ha sido casi nula. En este caso, el aparato de propaganda afín al Gobierno ha tratado de que la noticia pasara casi desapercibida. El segundo capítulo, protagonizado por el Titular del MITyC, es el de la negociación por partes, de las primas y subvenciones de las Energías Renovables que aún no sabemos cómo se resolverá. Para ello, ha necesitado la complicidad del PP, principal culpable de la situación. Fue un Ministro de este Partido el que implementó el sistema que ha dado origen a un déficit de tarifa que, para el año 2013, podría estar cercano a los 24.000 millones de euros (14.600 más una previsión que por ley, no debe rebasar los 9.500 millones entre 2010 y 2013).

Las contradicciones flagrantes en las que incurre el Gobierno y la situación actual de inseguridad jurídica y económica que vive el sector eléctrico español, agravada por los anuncios de la modificación del sistema de primas a las energías renovables, hacen más urgente aún lo que Unión Progreso y Democracia viene reclamando desde la presentación de su Programa Electoral para las Elecciones Generales del año 2008: un debate transparente, objetivo y riguroso sobre energía, incluyendo la energía nuclear y manteniendo, entre tanto, las centrales existentes, con las debidas garantías de eficiencia y seguridad. La toma de decisiones sobre este tema y la definición de una política clara a medio y a largo plazo (al menos hasta el año 2045), como propone UPyD en su estudio sobre Políticas Energéticas, daría la necesaria estabilidad al sistema, y produciría un gran beneficio a nuestra Economía. El grave problema de la minería española del carbón sólo debería abordarse en este contexto con objeto de darle una solución valiente y definitiva, en beneficio de los mineros y del contribuyente español.